unidad ciudadana
                    

Qué esconde el Mega DNU de Macri


Por Anabel Fernández Sagasti*


El presidente Mauricio Macri ha tomado la decisión de avanzar a través de decretos con el claro objetivo de evitar el debate parlamentario. Esa es la primera certeza que surge tras la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se desarrolló durante la jornada de hoy en el Congreso de la Nación para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018.


Si el motivo no es esquivar el intercambio de posiciones en ambas cámaras, el oficialismo debería explicar qué sentido tiene desafiar la constitucionalidad y avanzar sobre la división de poderes cuando perfectamente se podría haber tratado en sesiones extraordinarias distintas leyes vinculadas a estas temáticas, sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante un engendro normativo que deroga 19 leyes y modifica 140, consta de 22 capítulos y 192 artículos de indiscutible naturaleza legislativa. Incluso, la magnitud de este mamarracho jurídico es tal, que el texto presentado por el Ejecutivo  contiene párrafos textuales del Decreto 2284/1991, impulsado en los ´90 por el neoliberalismo. Parafraseando a León Gieco: “son los salieris de Cavallo y le copian melodías a él”.


Además, este DNU continúa la política de echar mano a los fondos de los jubilados y los trabajadores argentinos, dando un paso más hacia el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ya que elimina los límites de disponibilidad de fondos y lo transforma en un organismo financiero como cualquier otro. Es decir que, por ejemplo, se podrán crear fideicomisos por lo que deberíamos preguntarnos qué les impediría a los entendidos en off shore cómo Caputo y compañía desviaron fondos a paraísos fiscales o avanzar en la línea del acuerdo Argentina-Qatar que la señora vicepresidenta no recordaba haber firmado?


Ciertamente, bajo el engañoso título de la “desburocratización” y la “simplificación” que contiene el texto del oficialismo, están ocultando el vaciamiento de los organismos de control de la sanidad vegetal, animal y la industria argentina como está ocurriendo con el INTI y el SENASA. El avance sobre la privatización de los controles de calidad de alimentos e inspecciones es gravísimo si tenemos en cuenta que se trata de recetas que ya fracasaron y generaron la peor epidemia de aftosa en la Argentina durante el 2000, situación que nos hizo perder mercados externos en aquella época.


Por lo tanto, la decisión de desguazar estos organismos es más que irresponsable, sobre todo ante la aparición de enfermedades que complican la sustentabilidad de nuestra producción, como por ejemplo, la Lobesia Botrana en nuestra provincia. Mientras que en el caso del INTI, a los más de 250 despidos que tomaron notoriedad durante los últimos días, hay que sumarle la contratación de una consultora extranjera que promueve avanzar sobre los fondos provenientes de certificaciones, auditorías y controles, promoviendo la venta de activos y el licenciamiento de tecnología.

A la vez, el beneficio que recibirán las entidades financieras que prestan dinero o venden productos a tasas usurarias a los trabajadores, a partir de la eliminación de la inembargabilidad de las cuentas sueldos, muestra claramente el objetivo real que tiene el oficialismo. Si analizamos los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) podremos ver que, durante 2016, el 60 por ciento de los hogares mendocinos debieron gastar ahorros, tomar créditos o comprar en cuotas como estrategia de subsistencia. Es decir que cerca de 250 mil hogares, sobre un total de 410 mil, pagaron intereses para poder subsistir.


Por último resulta sumamente necesario destacar que, tras el Mega Decreto del oficialismo, se esconde un plan destinado a facilitar la venta de bienes del Estado, particularmente de las FFAA y del Ejército como en el caso de Campo Los Andes en nuestra provincia, caso que motivó una acción de amparo. Además de limitar con Chile, estamos hablando de una parcela de tierra que no se puede comercializar sin estrictos controles, ya que representa el 25 por ciento de la zona cultivable de una de las zonas productivas más ricas de Mendoza.


*Senadora Nacional por Mendoza, bloque FPV-PJ.