unidad ciudadana
                    

A 9 años de la AUH, una política integral de inclusión


El 29 de octubre de 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH). De este modo, se extendieron las asignaciones familiares a los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras informales.

Ver esta publicación en Instagram

Hace 9 años poníamos en marcha la Asignación Universal por Hijo/a ??

Una publicación compartida por Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el


Esta medida de reparación del derecho a la seguridad social a la niñez es fundamental para la distribución equitativa de los ingresos.

Hasta 2015, 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes recibían la AUH. Con este programa, 700 mil de ellos pudieron salir de la pobreza y 581 mil, de la indigencia. De estos, el 62% nunca había recibido un beneficio social nacional.

Esta política integral, lejos de ser un plan asistencialista, contiene como contraprestación hacia las familias que los niños, niñas y adolescentes deben realizarse controles de salud, tener su calendario de vacunación al día y cumplir con la regularidad en la escolarización. Esto permitió aumentar la matrícula educativa y mejorar los indicadores sanitarios.

Un estudio realizado por investigadores del CONICET registra los avances obtenidos a partir de la inscripción de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en el Programa SUMAR (programa nacional de salud, ampliación del NACER, para personas que no tienen obra social ni prepaga) como requisito obligatorio. Esta medida, en complementariedad con los programas de redistribución positiva del ingreso, fortaleció la accesibilidad al sistema de salud de la población en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El crecimiento económico, en conjunto con la implementación de medidas de redistribución del ingreso entre las cuales se encuentra la AUH, permitieron observar una disminución de la baja talla (retraso en el crecimiento) y del bajo peso  (bajo peso para la edad). Ambos indicadores afectan el potencial de los niños y niñas para lograr un crecimiento y desarrollo completo, y son una de las principales formas en que se expresa la inequidad. El retraso en el crecimiento es la forma más frecuente de desnutrición en el mundo y es el mejor indicador de desigualdad en salud infantil.

El estudio analiza los años comprendidos entre 2005 y 2013, donde se observa que el retraso en el crecimiento (baja talla) se redujo un 45% (de 20,6% a 11,3%): casi 5 de cada 10 niños. Del mismo modo, el bajo peso disminuyó un 38% (del 4% al 2,5%). Esto significa el aumento de 1 cm en la estatura de los niños y niñas de 3 años.

En el mismo sentido, una serie de informes presentados en el Seminario sobre Sistemas de Protección e Inclusión Social en América Latina a cargo del Dr. Bernardo Kliksberg, revelan que los controles de salud en niños, niñas y adolescentes aumentaron un 7,1% y el consumo de alimentos básicos necesarios para una dieta saludable mejoró en 8,4%.

Esos informes indican que la AUH logró aumentar un 7,2% la asistencia a la escuela y mejorar un 6,4% el rendimiento educativo en lengua y matemática tanto en la primaria como en la secundaria. En concordancia, el trabajo infantil se redujo un 4,7%.

A su vez, se constató que aproximadamente 100 mil nuevos estudiantes se incorporaron a la educación formal desde la implementación de este programa, permitiendo avances en términos de equidad y posibilitando el ascenso social de los sectores populares.

Desde diciembre de 2015, los titulares de AUH sufren una pérdida absoluta de su poder adquisitivo. Asimismo, la reforma previsional recortó los ingresos de casi 17 millones de personas de los cuales más de 8 millones son niños, niñas y adolescentes entre titulares de asignaciones familiares de trabajadores formales y AUH de desocupados, informales y monotributistas.



Esta política integral fundamental para garantizar derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes, debe ser continuada y actualizada en función de la inflación real para que, de este modo, las familias de los sectores populares no sigan perdiendo capacidad de compra de elementos básicos para la vida y el desarrollo de cada ciudadano y ciudadana.