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Erradicar la violencia de género: una responsabilidad del Estado


En nuestro país, el 11 de marzo de 2009 se sancionó la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley de avanzada internacional, que permitió continuar desarrollando políticas públicas integrales a través de un Estado presente.

Sus objetivos principales son eliminar la discriminación entre mujeres y varones, garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, el acceso a la justicia de aquellas que padecen violencia y el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Del mismo modo, se busca la eliminación de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder que recaen sobre las mujeres. A la par que se busca asegurar la asistencia integral e interdisciplinaria a aquellas que padecen violencia.

Se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta basada en una relación desigual de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.



Desde que asumió Mauricio Macri, el gobierno desinvierte y recorta las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género, situación que se verá agravada el año próximo cuando se aplique el presupuesto recientemente aprobado que nuevamente afecta estas áreas.

A partir de un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) surgido del análisis comparativo del presupuesto 2018 y el 2019, se visualiza que la inversión destinada para el Instituto Nacional de las Mujeres, rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se reducirá un 18% en términos reales; representado sólo un 0,00005% del presupuesto nacional total.

Asimismo, las líneas telefónicas de atención a víctimas dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, pierden un 25%, el Programa Hacemos Futuro Juntas (ex Ellas Hacen) destinado a brindar oportunidades laborales y de capacitación a mujeres víctimas de violencias, un 44% y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres (PNA), sufrirá una pérdida del 55%.

El Observatorio de femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación revela que en el 2017, hubo 292 femicidios.  El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que este número en 2016 era de 254 y en 2015, de 235.



De este modo, se puede observar que desde que asumió Mauricio Macri, los femicidios aumentaron de forma directamente proporcional al vaciamiento y desinversión de las áreas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. Del mismo modo, ante la necesidad de hacerle frente a la crisis socioeconómica, las mujeres quedan más expuestas a la violencia machista dado que en busca de un ingreso, arriesgan su salud integral exponiéndose a situaciones violentas. Del mismo modo, sostienen vínculos convivenciales violentos a causa de la imposibilidad de ser sostén de su hogar, motivo de las dificultades económicas. La falta de lugar en refugios para las mujeres víctimas de violencia,  el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la pérdida absoluta de poder adquisitivo de las titulares de la Asignación Universal por Hijo, de las pensiones y de los programas sociales destinados a disminuir las inequidades; sólo aumentan la vulneración de derechos a las mujeres. Así como la reforma previsional disminuyó estos ingresos y el fin de la moratoria perjudica fundamentalmente la economía de este colectivo, dado que el 86% de esas nuevas jubilaciones eran mujeres.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas públicas para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en recuerdo a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal en República Dominicana por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La violencia hacia las mujeres es una problemática global. Su  prevención y erradicación es responsabilidad del Estado. Se necesitan políticas públicas integrales y una fuerte inversión en todas las áreas; poniendo el foco en la promoción del derecho a una vida sin violencias.